Cultura democrática

La asignatura Educación para la Ciudadanía, creada por el Parlamento en 2006 y recomendada por el Consejo de Europa desde 2002, ha enfrentado a esas dos Españas que, de vez en cuando, se tienen que ver las caras para decirse cuatro cosas, casi nunca buenas. Aunque esta nueva materia de estudio sólo pretende, como indica el Real Decreto que la hizo posible, “favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras (…) y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios”, no ha podido evitar convertirse en un arma más de la bochornosa batalla política. Con Educación para la Ciudadanía ha ocurrido lo mismo que con otras leyes (Memoria Histórica, Estatuto de Cataluña, derechos civiles de los homosexuales, etc.) impulsadas por los socialistas y boicoteadas desde todos los frentes conservadores que tienen voz y voto en esta sociedad tan hipócrita como española.
Dicho esto, llega el momento de señalar con el dedo acusador a todos los que se han metido con “la nueva” de clase. La primera en poner el grito en el cielo, como no podía ser de otra manera, fue la Iglesia Católica, que tachó a la asignatura de “totalitarista” y acusó a los centros que la imparten de “colaborar con el mal”. La alarma, como la peste, también se hizo presa del Partido Popular que, incrédulo, veía como “la izquierda pretende conducir la voluntad de los niños y moldear sus conciencias”. Hay más gente de la que chivarse; están los del Foro español de la Familia, para quienes “se pretende educar a los alumnos en la peculiar ideología sobre la sexualidad, el matrimonio y la familia de los actuales gobernantes y en contra de la conciencia de muchísimos padres y madres españoles”. Resulta curioso (por no decir escandaloso o insultante) que, los mismos que blasfeman contra esta asignatura, ven con naturalidad que su iglesia trate de adoctrinarnos a todos, ateos y agnósticos inclusive.
Así es España, un país donde nadie se inmuta cuando el catecismo se imparte en las aulas o el dinero público va a parar a colegios religiosos concertados. Pero, ¡cuidado con enseñar civismo, derechos y deberes en clase que la parroquia se altera! ¡Prohibido hablar a los alumnos de libertad o pacífica convivencia! Ni siquiera importa lo que diga el Tribunal Supremo, mientras sale a relucir una enorme y grave laguna mental: vivimos en un estado laico. A la otra España, a esa España “objetora de conciencia” de asignaturas y que no progresa adecuadamente fuera de la dictadura, no le vendría nada mal un curso intensivo de la vilipendiada Educación para la ciudadanía y, de paso, adquirir un poco de cultura democrática.